Resumen: Existe una consolidada jurisprudencia sobre la validez constitucional de las grabaciones de una conversación cuando son obtenidas por alguno de sus interlocutores, aunque la captación se haya efectuado de manera subrepticia. No puede hablarse de mensaje secreto e inconstitucionalmente obtenido, en cuanto recogido por alguna de las personas a las que iba dirigido. Se ha rechazado la aplicación de la continuidad delictiva en ataques sexuales perfectamente delimitados en el tiempo, si bien se admite la aplicación de esta figura en supuestos de reiteración de los actos realizados sobre la misma persona, que habitualmente comienzan cuando es menor de edad, y se desarrollan durante un periodo de tiempo, en los que existe una misma pauta de actuación, a partir de la situación de prevalimiento, abuso de superioridad o imposición coactiva con los que el autor consigue el dominio de la voluntad de la víctima para proseguir durante todo el periodo de ejecución con su conducta delictiva. El cómputo a efectos de dilaciones atenuatorias se inicia no en el momento de comisión del delito, ni en el de incoación de las diligencias, sino cuando se adquiere la condición de imputado, o, si se quiere, cuando se conoce la pendencia de un proceso dirigido contra quien invoca la atenuante
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena por un delito de abuso sexual con acceso carnal. Presunción de inocencia. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. Consentimiento sexual. La víctima no prestó su consentimiento al contacto sexual porque su estado de embriaguez no se lo permitía. Pretensiones ex novo y per saltum. Cuando coexisten dos escalones impugnativos (normalmente apelación y casación), al segundo solo podrán acceder las cuestiones que hayan sido objeto de debate en la instancia previa. LO 10/2022. Con arreglo a la LO 10/2022, los hechos serían constitutivos de un delito de violación del artículo 179 del Código Penal castigado con pena de 4 a 12 años. No puede aplicarse la LO 10/2022 de forma retroactiva porque no resulta más favorable dado que la pena máxima del delito se eleva de 10 a 12 años de prisión.
Resumen: Defecto en la grabación de la exploración psicológica de la víctima, que no impide el aprovechamiento de la información pericial introducida en el juicio oral mediante la ratificación de los peritos. Alcance y función de los elementos de prueba con valor corroborador del testimonio directo. La información pericial constituye un instrumento auxiliar de valoración del conjunto de las informaciones probatorias disponibles. El juicio de credibilidad le corresponde en exclusiva al juez. En relación con la atenuante de dilaciones indebidas, el simple incumplimiento de plazos procesales o la mera prolongación en el tiempo de la causa no justifican, por sí, la solución atenuatoria propugnada. Incidente sobre la aplicación de la ley mas favorable con motivo del periodo de vigencia de la ley intermedia L.O 10/2022.
Resumen: Delito de agresión sexual y lesiones. Sentencia dictada en apelación por Audiencia Provincial. Alcance de la casación. Las sentencias dictadas en apelación tanto por las Audiencias Provinciales, según dispone el art. 847.1.b) LECrim, únicamente procede interponer recurso de casación por infracción de ley de acuerdo al motivo previsto en el número 1º del art. 849 LECrim, esto es, por infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica con carácter sustantivo que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal. Se desestima el primer motivo, en el que se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por no respetar el cauce casacional permitido. Se denuncia asimismo infracción de ley por indebida inaplicación de la atenuante de intoxicación. Examen de la apreciación de la atenuante de intoxicación alcohólica. En el presente caso nada consta en los hechos probados que haga posible aplicar esta circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Retroactividad de la ley penal más favorable. No procede.
Resumen: Alcance del recurso de casación de sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Provincial. El recurso se limita el espectro de la revisión casacional al motivo por infracción de ley del art. 849.1 LECrim, tiene que concurrir un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. Concurren interés casacional: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Criterios fijados en el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 16 de junio de 2016 que no pueden interpretarse como numerus clausus. También existe interés casacional cuando existe la necesidad de plantearse un giro interpretativo o la oportunidad de insistir sobre cuestiones con especial relevancia nomofiláctica. Abuso sexual. el desvalor de la acción estriba en la ausencia de un auténtico consentimiento que pueda considerarse, más allá de la pura aquiescencia formal o exterior, como verdadera y libre apariencia formal o exterior. Sucesión normativa, los elementos de comparación no se limitan a la consideración de hecho delictivo en una y otra norma, sino a todos los presupuestos de aplicación de la Ley penal.
Resumen: Se interpreta la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, descartando su aplicabilidad en el presente caso, pues aunque, en la regulación intermedia, la pena tipo es de 4 a 12 años de prisión, más beneficiosa en abstracto, la pena impuesta resulta proporcional a los graves hechos enjuiciados y circunstancias del hecho que determinaron la condena, claramente establecidas en la declaración de hechos que se describen. Cierta brutalidad sobre la víctima, más allá de la necesaria, justifica que se mantenga la pena impuesta, ya que no hay que buscar una estricta medida o mimética proporcionalidad numérica entre las extensiones resultantes de la penalidad prevista en una y otra normativa.
Resumen: Valoración probatoria sobre la conciencia del sujeto activo de estar actuando sin el consentimiento de la víctima. Se recuerda que esta valoración no debe centrarse en el rechazo de la víctima y su captación por el acusado, sino en la conciencia del acusado de que actúa sin el consentimiento de la víctima, que precisamente en estos supuestos no se encuentra en situación de manifestar tal rechazo. Por lo tanto, no se precisa manifestación del rechazo y aprehensión del mismo por el sujeto activo, si este tiene pleno conocimiento de que actúa sin el consentimiento de la víctima. Basta esta conciencia para cumplimentar la conducta típica. Se recuerda que la existencia de este conocimiento de la falta de consentimiento de la víctima es fiscalizable en casación exclusivamente a través del derecho de presunción de inocencia.
Resumen: El interés casacional concurre: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un exótico derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud.
Resumen: La dispensa de declarar en un derecho del testigo que no se corresponde con un derecho alguno del acusado y supone que en el ámbito procesal penal se atribuya al pariente un derecho a no declarar. No es un derecho del acusado a que sus parientes no declaran en su proceso, sino es un derecho de los parientes a no ser compelidos a declarar en un proceso en el que el pariente aparece como acusado. Además, es un derecho que asiste a testigos que no sean parte en el proceso y, al tratarse de una excepción al mandato general contenido en el art. 410 LECRIM, es de aplicación restrictiva.
Resumen: Cuando la sentencia impuso el mínimo penológico posible, el establecimiento por el legislador de un mínimo más bajo para la misma conducta obliga a revisar la condena para fijar ese nuevo limite mínimo.
